Bogotá, 18 dic (PL) La controversia por el establecimiento del salario mínimo en Colombia para 2016, que debió sancionarse hace tres días, continuó hoy con un llamado del presidente Juan Manuel Santos a que se solucione el conflicto de intereses generado.(PLRadio)
El ministro del Trabajo, Luis Eduardo Garzón, dijo a la prensa que recibo la orden del mandatario para que se busque la concertación, en una reunión que podría darse con los sindicatos y la patronal el próximo lunes.
El titular de esa cartera, quien estuvo acompañado por su colega de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dialogó la víspera con el empresariado y las Centrales Obreras del país de manera conjunta, pero no lograron ponerse de acuerdo con ambas partes.
En esa cita sin consenso los gremios obreros mantuvieron su exigencia de un aumento no menor de 8,5 por ciento, mientras que la patronal se mantuvo inamovible en su planteamiento de un alza de 6,8.
El presidente de la Federación de Comerciantes, Guillermo Botero, sugirió que los empresarios puedan modificar su propuesta.
El siete es un número que suena cabalístico, el cual les puediera gustar a los representantes de los trabajadores, dijo Botero, al salir de la reunión conjunta con el gobierno y los representantes de las dos más importante centrales de trabajadores del país.
Por su parte, el titular de la Asociación Nacional de Empresarios, Bruce McMaster, llamó al ejecutivo para que persista en llegar a un acercamiento con los sindicatos y tratar de que la aprobación del salario mínimo sea de manera concertada.
Mientras tanto, Fabio Arias, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), expresó la inconformidad de ese gremio y rechazó lo dicho en la cita por el Ministro de Hacienda, quien manifestó que no se dispone ni de un sólo peso para cumplir con las expectativas de aumento.
El líder obrero también cuestionó la falta de cumplimiento por parte del gobierno en cuanto a las promesas de mejores prestaciones para los pensionados.
Asimismo, el dirigente de la CUT exigió el cumplimiento por parte de los empleadores de los recargos para los trabajadores públicos que realizan jornadas dominicales o nocturnas.
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