Luego de la divulgación final del informe de la Comisión de Expertos Tributarios (CET), en el país no paran las discusiones sobre la pertinencia de reescribir o no el estatuto tributario que entraría en vigor en 2017. Si bien la tarea del gobierno es procesar las propuestas, la publicación del informe deja un sinsabor sobre el posible impacto e implicaciones que conllevaría una reforma tributaria estructural. Especialmente, en momentos cuando la economía colombiana enfrenta grandes dificultades ante la coyuntura de la producción y exportación de productos minero-energéticos.
El reporte no hace énfasis en el cuantificación del recaudo adicional que dejarían las políticas tributarias allí expuestas. Sin embargo, las estimaciones de Anif y otras entidades dan como resultado un incremento de solo 2% del PIB. La mayor parte proveniente de los ajustes a los impuestos indirectos (1,6%) y el incremento en la renta de personas naturales (1,2%). Mientras que los mayores desmontes corresponderían a la reducción de la renta empresarial (-0,7%), y al impuesto a la riqueza (-0,5%).
IVA e inflación. Uno de los puntos más polémicos de la CET es la propuesta de incrementar la tasa general del IVA (sugiere pasar del actual 16% a 19%). Igualmente recomienda ampliar la base de los bienes de primera necesidad al 10%, que hoy en día mantienen una tarifa del 5%.
Para algunos analistas, incrementar los impuestos indirectos es la clave para que Colombia logre su cometido de proveer bienes públicos fundamentales (como Europa, donde hay tasas de IVA del 22%, y América Latina, donde países como Uruguay, Chile, Perú, Argentina y Brasil tienen tasas del 19% en promedio). Dicho aumento se presentaría en un momento donde la inflación llega al 7,45% y los bienes de la canasta básica han subido por efectos del clima.
“A pesar de ser una medida impopular es necesaria para equilibrar los niveles de tributación entre las personas naturales y jurídicas en un país donde las empresas de mediano y gran tamaño cuentan con un alto porcentaje de impuestos, tanto directos como indirectos”, dice Mario De La Puente, docente del Ciencia Política de Uninorte.
Por su parte Jairo Parada, docente de Economía de Uninorte, señala que la reforma no solo encarecería la canasta básica sino que prácticamente todos los bienes y servicios quedarían gravados, excepto exportaciones. Asimismo, aumentaría el impuesto al consumo en hoteles, restaurantes, entre otros.
“Se recargan los impuestos al consumo, lo que termina gravando a los consumidores, clases medias y población en general. Quedarán gravadas las pensiones superiores a dos salarios mínimos, lo cual dificulta la vida de estos colombianos, que ya pagan el oneroso 12% en salud”, agrega el experto del IEEC.
Menos impuestos para las empresas
El informe de la CET señala que solo mediante una actividad empresarial vigorosa, que genere de manera dinámica empleos de alta calidad, se podrá lograr una sociedad más próspera y producir los recursos para que el Gobierno contribuya de manera eficaz a la lucha contra la desigualdad y la pobreza.
De este modo recomienda el desmonte del CREE y el impuesto a la riqueza para aliviar la excesiva carga tributaria de las empresas, con lo cual pasaría del 53% actual a entre 30 y 35%. Y se propone crear el llamado Impuesto a las Utilidades Empresariales (IUE), e incrementar la devolución del 100% del IVA de maquinaria importada. Esto, según la CET, incrementará la competitividad empresarial, especialmente la de los grandes contribuyentes (unas 3400 firmas que aportan el 70% del recaudo del impuesto a la renta empresarial).
Para Parada, esta parte es clave porque puede mejorar la situación de las empresas, pues el CREE ha resultado una carga gravosa y de complejo recaudo. Sin embargo, no cree que sea exitoso para reducir la informalidad como se alega.
“La reforma favorece a las inversiones de capital, y repite las malas experiencias del pasado de deducciones en este renglón, pues estimula una relación capital-trabajo más alta, en contravía a las políticas de empleo”, comenta.
En esta misma línea, De La Puente opina que si bien es necesario distribuir la tributación directa para aliviar la carga impositiva a empresas, la solución difícilmente puede presentarse con el incremento en la tributación de renta a personas naturales empleadas.
“Se deben incrementar esfuerzos para que se expanda la base tributaria o de personas que declaran renta y no incrementar la carga impositiva a quienes declaran de manera oportuna”, enfatiza.
Declaración de renta
Para compensar el alivio a nivel tributario de las empresas, se plantea incrementar la renta a las personas naturales haciendo crecer la base tributaria (aquellos con ingresos cercanos a $2,2 millones mensuales serán declarantes). También se pretende hacer más progresivo dicho impuesto, subiendo las tasas marginales para los salarios más elevados, que pasarían del rango de 28 y 33% al de 35%.
